Este jueves 21 de diciembre el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tiene que presentar sus descargos ante un Congreso pleno que lo ha acusado de incapacidad moral para ejercer el cargo y puede destituirlo tras escuchar lo que tenga que decir.

Kuczynski es acusado de haber recibido dineros de la gigante de ingeniería brasileña Odebrecht, gestora del mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina. Hasta donde se ha podido verificar, la firma pagó cerca de US$1.000 millones a altos funcionarios de gobierno de una veintena de países, casi todos latinoamericanos, a cambio de adjudicarse contratos de obras públicas. En el caso específico del presidente peruano, una filial de Odebrecht pagó US$782.000 a Westfield Capital, empresa propiedad de Kuczynski, por consultorías realizadas entre 2004 y 2007, período en que el mandatario era ministro del presidente Alejandro Toledo. Y no un ministro cualquiera. Durante gran parte de ese período, Kuczynski fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, además de presidente de Proinversión, el organismo encargado de promover y gestionar las licitaciones públicas del país.

Kuczynski reconoció en los últimos días que Westfield es de su propiedad unipersonal, que los pagos se hicieron y que él ganó dinero con las transacciones. Su único descargo hasta el momento es que él no administraba la empresa en esos años y que le había dejado la gestión a un banquero chileno de su confianza y su socio en otras empresas.

El problema es que, hasta hace unos días, cada vez que se vinculaba el nombre de Kuczynski a los pagos de Odebrecht, el presidente peruano había negado en forma terminante que él hubiera recibido dinero de la
firma brasileña.

Así las cosas, y dado además el escaso apoyo político que Kuczynski tiene en el Congreso, es razonable esperar que será destituido. Lo importante para la estabilidad de Perú es que las instituciones funcionen y sea efectivamente juzgado por el Congreso, ante el cual debe tener la oportunidad de hacer sus descargos y defensa.

Decir entonces como descargo que él no administraba directamente la empresa que recibió los pagos es claramente insuficiente. Tendrá que tener un argumento mucho más contundente que presentar ante el
Congreso si quiere convencer a los peruanos y a la comunidad internacional  de que es falsa la acusación de incapacidad moral y que es digno de permanecer en el cargo. Y es casi seguro que no tiene esas explicaciones verosímiles porque, de tenerlas, ya las habría esgrimido.

En pocas palabras, la empresa de Kuczynski recibió cientos de miles de dólares de Odebrecht por asesorías durante un período en que él ocupaba altos cargos de gobierno e intervenía en el otorgamiento de
concesiones y contratos por cientos de millones de dólares a la empresa brasileña.

Así las cosas, y dado además el escaso apoyo político que Kuczynski tiene en el Congreso, es razonable esperar que será destituido. Lo importante para la estabilidad de Perú es que las instituciones funcionen y sea efectivamente juzgado por el Congreso, ante el cual debe tener la oportunidad de hacer sus descargos y defensa.

La vacancia del cargo decidida por el Congreso pone la presidencia en manos del primer vicepresidente y, en su defecto, traspasa el poder al segundo vicepresidente hasta las próximas elecciones, que son en 2021.
Si ambos vicepresidentes no aceptaran el cargo, el poder sería del presidente del Congreso, quien debería llamar a elecciones antes de un año.

Los cargos contra Kuczynski surgen de la propia empresa Odebrecht, luego de que estallara el escándalo en Brasil. El CEO de la empresa, Marcelo Odebrecht, decidió colaborar con la investigación a cambio de una pena menor (hoy salió de la cárcel para pasar a cumplir una pena de presidio domiciliario), y varios otros altos ejecutivos de la compañía hicieron otro tanto. El escándalo alcanza no sólo a Odebrecht sino a varias otras empresas brasileñas que durante más de diez años, en la década pasada y comienzos de ésta, financiaron las campañas políticas del gobernante Partido de los Trabajadores a cambio de adjudicarse contratos de la estatal petrolera Petrobras. La máquina de sobornos suma pagos indebidos por unos US$4.500 millones de dólares sólo en Brasil y, hasta donde admitió la propia Odebrecht,  cerca de US$1.000 millones en el resto del mundo, principalmente América Latina.

El escándalo fue la base para la destitución por impeachment de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, una condena en primera instancia de nueve años de cárcel contra el ex presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva y una acusación formal por corrupción contra el presidente en ejercicio, Michel Temer. A lo ancho y largo de la región, los sobornos de Odebrecht tienen al ex presidente peruano Ollanta Humala en la cárcel y a otro mandatario de ese país, Alejandro Toledo, de quien Kuczynski fue ministro, prófugo de la justicia. El destape del escándalo ha permitido lanzar acusaciones sustanciadas contra varios otros jerarcas latinoamericanos, entre ellos el venezolano Nicolás Maduro. El vicepressidente en ejercicio de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado hace pocos días a seis años de cárcel por aceptar coimas de la firma brasileña. Pedro Pablo Kuczynski es el primer presidente en ejercicio fuera de Brasil que sería destituido por la máquina de sobornos montada por Odebrecht.

Y hablar de máquina de sobornos no es una exageración. Odebrecht había montado una división o departamento de coimas, a cargo de analizar oportunidades, establecer montos y hacer ofertas a funcionarios a cambio de concesiones y contratos. Y en una oportunidad creó un banco para ocultar los pagos que estaba haciendo. Así como quienes recibieron o  aceptaron el recibo de pagos indebidos están siendo castigados, la empresa o empresas que ofrecieron estos dineros también debe recibir su castigo, más allá de sus ejecutivos que están cumpliendo ya penas de cárcel. Si Brasil, Perú y América Latina quieren de verdad luchar contra la corrupción y establecer sistemas políticos legítimos, deben castigar a las Odebrecht de este mundo negándoles todo contrato y llevándolas a la quiebra.

En el caso de Odebrecht, es impensable que esta empresa siga operando. Recordamos el caso de la consultora y auditora Arthur Andersen –en su tiempo unas de las cinco grandes del mundo- , que sucumbió tras verse envuelta en el gran escándalo de Enron en 2002: las autoridades le negaron la facultad de auditar a las empresas estadounidenses abiertas en bolsa, con lo que se selló su destino. Hoy a Odebrecht le está sucediendo algo así, y en varios países se ha prohibido concederle contratos púbicos por al menos varios años. Eso está sucediendo hoy, un poco por vergüenza y otro poco por miedo, pero debería ser por capacidad moral, la misma razón por la que Pedro Pablo Kuczynski podría ser destituido esta semana. La mayoría de los países latinoamericanos, cual más, cual menos, han sabido recuperar la democracia en las urnas. Pero el escándalo Odebrecht demuestra que no basta con votar.