Los sorprendentes resultados de la reciente elección presidencial en Costa Rica han puesto en el primer plano a la apacible, solvente y civilizada Suiza de América Central.

¿Apacible, solvente, civilizada? Sí y no. Costa Rica sigue siendo la democracia más antigua de América Latina -ha estado eligiendo a sus presidentes desde 1949 sin interrupción- pero la economía ya no crece como antes y la delincuencia va en aumento, al punto que su vecino del norte, Nicaragua, tiene mejores índices de seguridad ciudadana y hay más riqueza en su vecino del sur, Panamá.

Oponerse a la intromisión internacional y al matrimonio gay fueron buenas banderas de campaña en la conservadora Costa Rica, pero el mar de fondo para el descontento de la ciudadanía es también económico y político.

Como resultado en parte de esta situación, la primera mayoría en la presidencial del domingo 4 de febrero la obtuvo el ex periodista y cantante evangélico Fabricio Alvarado (43), quien basó su campaña en una oposición cerrada al gobierno centroizquierdista de Luis Guillermo Solís, matizada con redoble de tambores nacionalistas y una repetitiva melodía antigay.

Con 13 candidatos a la presidencia y cinco peleándose los tres primeros lugares, nadie esperaba ganar en la primera vuelta. El religioso Alvarado obtuvo la primera mayoría con apenas el 25% de los votos y tendrá que enfrentarse en segunda vuelta con otro Alvarado, Carlos Alvarado Quesada, del gobernante centroizquierdista Partido Acción Ciudadana, quien obtuvo el 22% de los sufragios. Con 38 años de edad y sin lazos familiares con el Alvarado evangélico, Alvarado Quesada es el candidato más joven en carrera y ocupó dos carteras ministeriales -desarrollo humano y trabajo- en el gobierno que termina.

Alvarado Quesada representa entonces al establishment político y es probable que termine ganando la presidencia, ya que será apoyado casi con certeza por los dos partidos tradicionales que se alternaron en el poder hasta hace pocos años. Los votos de sus dos candidatos, sumados a los que dieron la segunda mayoría al propio Alvarado Quesada, llegan al 56% de las preferencias expresadas el 4 de febrero.

Que la igualdad de derechos para las minorías se haya convertido en tema clave de la campaña presidencial surge de que la capital costarricense es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese tribunal dictaminó a comienzos de enero que, de acuerdo con el derecho internacional, los gobiernos adscritos a esa corte deben reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, incluyendo el derecho a casarse.

El candidato evangélico, que en ese momento tenía menos de 5% de apoyo en las encuestas, dijo que el fallo constituía una violación de la soberanía costarricense. Agregó que, en caso de ganar, sacaría a Costa Rica de ese tribunal, que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y forma parte del Sistema Interamericano establecido por la OEA. La acción nacionalista del candidato Alvarado contra el fallo de una corte supranacional, y su canto evangélico contra el matrimonio homosexual, lo hicieron subir 15 puntos en las encuestas.

El controvertido fallo de la Corte surgió de una solicitud que le hizo el propio gobierno costarricense en 2016, para no tener que llevar un proyecto de ley de matrimonio igualitario al Poder Legislativo. El reciente dictamen no sólo debiera cumplirse en Cota Rica sino en los 20 países de la región que reconocen la jurisdicción del tribunal, pero hubo escándalo solo en Costa Rica porque fue una petición del gobierno saliente y porque el tribunal tiene allí su sede.

Oponerse a la intromisión internacional y al matrimonio gay fueron buenas banderas de campaña en la conservadora Costa Rica, pero el mar de fondo para el descontento de la ciudadanía es también económico y político. Con un desempleo que roza el 10% y unas brecha creciente entre ricos y pobres, el país ha seguido creciendo a tasas razonables, pero el promedio superior al 4% anual desde 2010 hasta 2015, ha bajado hasta bordear el 3% el año pasado. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingreso, ha empezado a crecer. El altísimo costo de la electricidad está volviendo al país menos competitivo y el gobierno está gastando más de la cuenta, mostrando un déficit fiscal de 6% del PIB. La inflación empieza a preocupar y ha habido un notorio aumento de la delincuencia.

No ayuda la armazón institucional costarricense, diseñada para un sistema de gobierno a la americana, con dos partidos fuertes, uno de centro izquierda y uno de centro derecha. Hoy hay nueve partidos con representación parlamentaria, basta el voto de un parlamentario para bloquear temporalmente un proyecto legislativo y la aprobación de un proyecto de ley está tardando en promedio cerca de tres años.

A todo esto hay que sumar varios recientes escándalos de corrupción, como el bullado caso de importaciones de cemento chino de un empresario muy cercano al presidente saliente.

Todo esto ayudó a Alvarado, el outsider que sacó la primera mayoría. Y él no era el único candidato antiestablishment.  Entre los cinco primeros llegó también Juan Diego Castro, quien parece una caricatura de Donald Trump, si ello fuera posible. Acusó al gobierno de comprar los votos de los drogadictos dándoles drogas gratis y planteó que la mejor forma de solucionar el problema  de la delincuencia es usar a los presos como obra de mano gratuita para construir más cárceles.

Para la segunda vuelta, el 1° de abril, se enfrentarán los dos Alvarados, uno con un pie en el púlpito y el otro como príncipe heredero de un gobierno impopular. Gane quien gane, tendrá como desafío enfrentar el creciente déficit fiscal y abrir para el país un camino de crecimiento moderno, para el que creemos que cuenta con buenas bases gracias a la educación de su población, a su desarrollo turístico basado en el respeto al medio ambiente, y a un inicial desarrollo de su industria tecnológica. Tendrá también, sin duda, que ver cómo enfrentar la delincuencia. Por el momento, pareciera que va a seguir ganando la política tradicional, que en el caso de Costa Rica incluye el matrimonio gay. La revolución nacionalista conservadora cristiana quedaría fuera del gobierno. Hasta cuándo, no se sabe.

Finalmente, preocupa en América Latina un nuevo fenómeno más general, que es el ascenso de grupos religiosos conservadores que apoyan a candidatos con posiciones extremas y que buscan retrotraer a la región a tiempos en que Estado e Iglesia estaban coligados, y en que la moral religiosa se hacía ley. Es el caso de Fabricio Alvarado en Costa Rica, pero también lo evidencia el apoyo que recibió de grupos cristianos el ultraderechista Jose Antonio Kast en las recientes elecciones en Chile, así como el fascistoide candidato presidencial Jair Bolsonaro en Brasil que preside una bancada evangélica en el Congreso; tanto Kast como Bolsonaro son nostálgicos de las dictaduras militares de Chile y Brasil. Este es una tendencia que debe preocupar a los demócratas.