Quien visitó Santiago de Chile a comienzos de 2015, y vuelve este año, descubrirá que el paisaje humano ha cambiado. La relativa homogeneidad racial de la población se ha enriquecido con peruanos, colombianos, venezolanos, bolivianos, ecuatorianos y dominicanos, peruanos y bolivianos. Pero lo más visible es la presencia de haitianos. No hablan español y son negros. Cien mil de ellos llegaron el año pasado. Para un país donde hasta hace poco muchos decían sin ironía que "aquí no somos racistas porque no hay negros", la realidad ciertamente ha cambiado.

Que la nación sudamericana se haya convertido en un imán para inmigrantes de otros países de América Latina y el  Caribe, es otra evidencia más del éxito económico de Chile en las últimas décadas. Con un ingreso de más de US$ 20.000 por persona al año, en paridad de poder adquisitivo, es hoy el país más rico de la región. Tiene además una relativamente baja tasa de desempleo de 6,5%. Las tasas de natalidad están bajando y la población está envejeciendo, señales de que el país decididamente necesita importar mano de obra. Más aún, ya se nota escasez de profesionales en los sectores de salud y tecnología, además de un notorio déficit de trabajadores agrícolas.

Si el gobierno de Sebastián Piñera se hace eco de ese prejuicio racial, como parece haber hecho con su nueva política inmigratoria, o si está actuando con el cálculo político de hacerle caso al racismo de los votantes para no perder apoyo en las urnas, estará socavando su propio proyecto de construir una sociedad moderna, creadora de riqueza, integrada al mundo y con oportunidades para todos.

Chile debería dar la bienvenida a los inmigrantes y hasta ahora lo hace. La actual política inmigratoria permite a latinoamericanos y caribeños ingresar al país sin visa previa en el pasaporte. Tras declarar a su llegada que son turistas, reciben una visa de 90 días y, una vez en territorio chileno, consiguen permiso de trabajo temporal con facilidad.

Eso está a punto de cambiar.

Entre 2007 y 2015, el número de inmigrantes en Chile aumentó 143%, la tercera tasa más alta de crecimiento inmigratorio entre los países de la OCDE, organización que reúne a las economías de ingreso alto y medio alto. El número de inmigrantes volvió a duplicarse en los últimos dos años, llegando hoy a alrededor de un millón de personas, estimándose que alrededor de un tercio de ellos son ilegales.

La explosión inmigratoria ha llegado con fuerza de tsunami y los chilenos han empezado a portarse como los votantes de Marine Le Pen o los que eligieron a Donald Trump en Estados Unidos. Una encuesta reciente del Instituto Nacional de Derechos Humanos reveló que siete de cada diez chilenos están de acuerdo con restringir el ingreso de extranjeros; casi la mitad opina que los inmigrantes le están quitando puestos de trabajo a los locales y un 30% de los chilenos dicen ser más blancos que los habitantes de otros países latinoamericanos.

El nuevo gobierno de Sebastián Piñera ha llegado con una nueva política inmigratoria más restrictiva bajo el brazo. Entre sus primeros anuncios, el presidente anunció que quienes ingresan como turistas ya no podrán postular a permisos de trabajo temporal. Los turistas no podrán buscar trabajo y quienes quieran trabajar tendrán que postular a una nueva visa de "oportunidades" y obtenerla antes de viajar a Chile. Esas visas se otorgarán de acuerdo con un sistema de puntaje que favorecerá a los más educados y a los capacitados en destrezas que el país busca. Habrá una visa preferencial para los extranjeros graduados de las 200 mejores universidades del mundo.

Estas medidas cierran un poco las hasta ahora extremadamente abiertas puertas chilenas, pero ayudan a planificar el flujo inmigratorio y alinearán mejor la oferta y demanda de inmigrantes. La política chilena vigente data de 1975 y responde a tiempos en que la inmigración era casi inexistente.

Las nuevas medidas incluyen una disposición acertada y necesaria. Otorga amnistía a todos los extranjeros que viven en Chile indocumentados, cuyo número se estima en unos 300.000. Quienes entraron al país antes del 8 de abril, podrán regularizar su situación y legalizar su residencia en el país, lo cual les dará acceso a educación, salud y otros servicios públicos.

Lo que sí merece reparos de la nueva política de inmigración chilena, y que casi parece discriminación racial, es el tratamiento que da a los haitianos.

Mientras casi todos los ciudadanos de los otros países de América Latina y el Caribe seguirán viajando a Chile sin visa, y obtendrán una visa de 90 días al entrar al país, a los haitianos se les exigirá visa antes de viajar y sólo 30 días de estadía. La excepción para los haitianos se suma a la de los dominicanos, vecinos de Haití, que también tienen un alto porcentaje de negros entre sus habitantes. A los dominicanos se les exigió visa previa durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).

Habrá 10.000 visas anuales adicionales para los familiares de haitianos que ya están establecidos en Chile, pero ese gesto paliativo solo pone de relieve que la política establecida busca reducir el ingreso de negros que no hablan español.

El otro problema de la nueva política inmigratoria es que entró en vigencia el 16 de abril por vía administrativa, mientras se discute y aprueba el proyecto de ley en el Congreso. Como el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras, la discusión legislativa podría alargarse en forma indefinida, al tiempo que se ha impuesto por decreto.

La única justificación económica para discriminar a los haitianos es que tienden a ser más pobres y menos educados que los ciudadanos de otros países de la región, de manera que tienden a desempeñarse en trabajos no calificados y a empujar hacia abajo las remuneraciones bajas. Pero en Chile los haitianos han demostrado ser buenos trabajadores, responsables y esforzados, iguales o mejores que los otros inmigrantes de similar nivel educacional.

Los haitianos, además, están lejos de ser los inmigrantes más numerosos. La ola inmigratoria de los últimos dos años la han protagonizado ellos y los venezolanos, pero el mayor grupo de inmigrantes siguen siendo los peruanos (unos 250.000), seguidos de los colombianos (130.000) y los bolivianos (120.000).

Los 100.000 haitianos son hoy cerca del 1% de la población de Chile y el total de inmigrantes bordean el 6% de la población. Esa penetración inmigratoria es marginal comparada con la de otros países que atraen trabajadores extranjeros. En Estados Unidos y el Reino Unido, donde la inmigración se ha convertido en tema de controversia política sólo en años recientes, los inmigrantes bordean el 15% de la población. En Canadá, país que se enorgullece de su multietnicidad y donde la población de verdad da la bienvenida a los inmigrantes, los extranjeros llegan al 20%. En la pujante Nueva Zelanda, uno de cada cuatro habitantes ha nacido en el extranjero.

Y si el problema es el aumento súbito de inmigración, más que el número total de inmigrantes, Alemania ha vivido esa situación en forma mucho más pronunciada que Chile en los últimos años, sobre todo después de recibir a un millón de refugiados sirios. El tsunami inmigratorio no ha tenido mayor impacto económico en Alemania, aunque sí ha causado una decidida reacción negativa de parte de la población, que ha puesto en jaque político al gobierno de Angela Merkel. Ese mismo rechazo a los inmigrantes que comienza a percibirse en Chile podría haber influido en los cálculos del gobierno de Piñera.

Este "problema de primer mundo" que enfrenta hoy Chile existe porque la inmigración, sobre todo la haitiana, ha comenzado a generar rechazo en la sociedad chilena, una sociedad hasta hace poco isleña, agudamente estratificada en clases sociales y decididamente racista. No es casualidad que, a pesar de que se estima que el 60% de los chilenos son mestizos, de mezcla europea e indígena, la gran mayoría de ellos se consideran blancos. Chile ha sido siempre un país racista en la forma en que ha ignorado o menospreciado a sus pueblos originarios. La discriminación con que está ahora tratando a sus inmigrantes negros, en su gran mayoría haitianos, ha hecho explícito ese racismo subyacente que la mayoría de los chilenos se resiste a reconocer.

Si el gobierno de Sebastián Piñera se hace eco de ese prejuicio racial, como parece haber hecho con su nueva política inmigratoria, o si está actuando con el cálculo político de hacerle caso al racismo de los votantes para no perder apoyo en las urnas, estará socavando su propio proyecto de construir una sociedad moderna, creadora de riqueza, integrada al mundo y con oportunidades para todos.