Julio puede ser un mes decisivo para la democracia en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro busca entronizar su incipiente dictadura por medio del llamado a elecciones este 30 de julio a una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, en un proceso ilegal y viciado por la falta de libertades públicas en el país. Por su parte, la oposición democrática ha solicitado a la Asamblea Nacional –de mayoría opositora- que llame a un referéndum el 16 de julio para que la ciudadanía se pronuncie a favor o en contra de esa elección, y a favor o en contra de un gobierno de unidad nacional que anticipe las elecciones presidenciales. El voto sería dirigido por organizaciones sociales y civiles que instalarían más de 1.700 mesas electorales en toda Venezuela, y 100 mesas en el exterior. No podemos si no coincidir y apoyar el referéndum convocado por la oposición, aunque no queda claro cómo este referéndum podría de por sí desembocar en un gobierno de unidad nacional o abrir las puertas para una negociación en esa dirección. Lo entendemos, sí, como un acto de resistencia a las elecciones ilegales y fraudulentas a las que ha convocado Maduro, y una búsqueda de una salida pacífica y democrática a la crisis.

De este modo, con sus iniciativas para este mes, ambas partes buscan legitimar por medio de estos procesos distintas salidas a la crisis que tiene, por un lado, acorralado a Maduro, respondiendo con violencia creciente a las manifestaciones diarias contra su régimen; y por el otro a una oposición democrática que busca con mucha dificultad un camino no violento para sacar del poder al madurismo y recuperar libertades básicas como la de prensa; devolver el poder a la Asamblea Nacional legítimamente elegida, liberar a los presos políticos que ya suman 433 y reponer la soberanía del poder judicial, hoy mero instrumento del Poder Ejecutivo. La consulta busca así el apoyo para recuperar la democracia con un gobierno de unidad nacional.

Las FFAA venezolanas deben detener su acción represiva y jugar un rol coadyuvante en la recuperación de la democracia, apoyando constitucionalmente un gobierno de unidad nacional, como aquel al que llama hoy la oposición democrática.

Todo esto en el contexto de un país asolado por el hambre, la falta de medicamentos y alimentos, en medio de una gigantesca crisis humanitaria provocada por las políticas insensatas e insensibles de gobierno de Maduro.

Esta consulta a la que llama la oposición se ubica en el marco de la Constitución actual, que exige que sea el pueblo soberano el que se pronuncie si llama o no a una Constituyente, lo que ha sido desconocido por Maduro. "El país y el mundo deben entender que este es un proceso democrático de retomar la Constitución", dijo Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, en un acto público en que se lanzó la convocatoria a este referéndum. "Estamos preparados para iniciar las acciones que hay que iniciar para hacer valer la decisión del pueblo el 16 de julio. ¡Que sea el Pueblo quien decida!", agregó. Según una encuesta de la firma local Datanálisis, siete de cada 10 entrevistados están en contra de la propuesta de generar una nueva Constitución, lo que refleja el actual nivel de impopularidad del gobierno de Maduro.

En este contexto, sobresale la actitud de la fiscal general, la chavista Luisa Ortega, que se ha demarcado dramáticamente del gobierno de Maduro, denunciado los atropellos a los derechos humanos y exigiendo la restitución de la democracia. La respuesta del gobierno ha sido una implacable persecución, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia para iniciar una investigación en su contra, prohibiéndole salir del país y vender o gravar sus propiedades, mientras ve cómo enjuiciarla.

El otro actor clave en este drama venezolano son las FFAA, que hasta ahora se han mantenido leales a Maduro y cuya cúpula parece estar muy comprometida con negocios turbios amparados por el régimen. De hecho, la oposición ha incluido en el referéndum del 16 de julio la pregunta de si los votantes si apoyan que las Fuerzas Armadas ayuden a "restituir el orden constitucional".

Creemos que en primer lugar es muy importante afirmar que los actuales responsables de las fuerzas de seguridad, incluidas la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, no quedarán impunes por los crímenes que están cometiendo estos organismos, con un saldo que asciende ya a 90 muertos y más de 1.200 heridos graves. En un artículo firmado por dos autoridades de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, que hace un llamado en este sentido, se añade: "El mes pasado, varios medios de comunicación difundieron una grabación secreta, en la cual un grupo de generales venezolanos discutían sobre el uso eventual de francotiradores contra manifestantes. Un general dice que estaría dispuesto a cumplir con las órdenes que reciba. Pero luego expresa su temor que en el futuro el Ministerio Público no los vaya a 'amparar'. '[M]añana puede caer cualquiera de nosotros presos'".

Afirmar que un futuro gobierno democrático perseguirá a los responsables de estos crímenes contra los derechos humanos es clave para detener la represión y permitir la recuperación de la democracia en Venezuela. Hay que recordarles a las FFAA que, por ejemplo, hoy son decenas los oficiales y soldados que participaron en la represión durante las dictaduras de Chile y Argentina que están encarcelados. Tiene que llegar el momento en que tanto oficiales como soldados desobedezcan a quienes les ordenan disparar contra sus compatriotas, ya sea por temor a ser luego juzgados por un gobierno democrático, ya sea porque se han convencido de que eso es un crimen. Y tienen razón Vivanco y Wilkinson, de Human Rights Watch, al señalar a los cancilleres latinoamericanos reunidos hace unas semanas atrás en Cancún que "dada la intransigencia de Maduro, [los cancilleres] deberían centrar su atención en los responsables de la represión. Que haya una transición pacífica podría depender de hasta dónde están dispuestos a llegar los funcionarios del régimen para mantener a Maduro en el poder".

Las FFAA venezolanas deben detener su acción represiva y jugar un rol coadyuvante en la recuperación de la democracia, apoyando constitucionalmente un gobierno de unidad nacional, como aquel al que llama hoy la oposición democrática.

La oposición democrática está planteando con mucha fuerza que este mes de julio es clave. Para ellos, el referendum al que convocan este 16 de julio es un paso para "activar el levantamiento democrático" en todo el país. Como dice uno de sus dirigentes, Henrique Capriles, se aproxima "la hora cero". El plazo lo puso Maduro al convocar a estas elecciones fraudulentas que consagrarían su dictadura. Mientras, las cancillerías latinoamericanas guardan un vergonzoso silencio, solo aliviado por la tenaz oposición a Maduro, que ha desplegado el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.