Más de siete millones de venezolanos, un tercio del universo electoral, se volcaron masivamente a las calles el domingo 16 de julio para participar en el plebiscito convocado por la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo, de mayoría opositora) y rechazar el plan del gobierno de Nicolás Maduro de reescribir la Constitución.

Fue una gigantesca demostración de que los venezolanos buscan una salida democrática, pacífica e inmediata a la crisis política y humanitaria del país. La escasez de alimentos y medicamentos tiene al país sumido en una situación desesperada que empeora día tras día y exige cambios ya.

Creemos que los gobiernos latinoamericanos deben declarar que el gobierno de Maduro es ilegal y lo es su convocatoria a una Asamblea Constituyente; que deben amenazar con ruptura de relaciones diplomáticas en caso de que Maduro siga con este plan; y que apoyarán un gobierno de unidad nacional que llame cuanto antes a elecciones presidenciales en el marco de la Constitución venezolana.

El cada vez más aislado gobierno de Nicolás Maduro, acorralado por manifestaciones callejeras diarias desde inicios de abril, ha respondido con represión y violencia,  dejando ya un centenar de muertos.

La Asamblea Constituyente de Maduro para reescribir la Constitución, convocada sin los mecanismos constitucionales, terminaría de construir el edificio de la dictadura. Una de sus primeras tareas sería suprimir la Asamblea Nacional, que ya ha sido desprovisto de facultades por el Tribunal Supremo de Justicia que es títere del gobierno.

Presentada por Maduro como una salida a la crisis, la Asamblea Constituyente solo la exacerbaría y dejaría un nulo espacio para una salida pacífica: conduciría a un enfrentamiento civil-militar abierto, o a la sumisión de los venezolanos a una dictadura ya entronizada y formalizada “legalmente”.

La oposición democrática ha percibido correctamente que se avanza hacia esta disyuntiva, y por eso ha declarado el plebiscito del domingo pasado como el comienzo de “la hora cero” de la recuperación de la democracia.

Tras el éxito del  plebiscito del domingo, la oposición democrática ha llamado a elegir nuevos jueces  para el  Tribunal Supremo de Justicia y a formar un Gobierno de Unidad Nacional. No es claro cómo un organismo  cuyo poder ha sido cercenado, como la Asamblea Nacional, puede imponer en las actuales circunstancias un gobierno que sea capaz de ejercer realmente el poder. Pero de constituirse tal gobierno, su poder, inicialmente simbólico, puede transformarse en real, en la medida que exprese --apoyado en las movilizaciones populares y las acciones de paro--  la voluntad del país de que Maduro se vaya. Ese gobierno, de llegar a formarse, necesitará del reconocimiento internacional para estabilizarse.

La supervivencia de tal gobierno de unidad nacional dependerá asimismo de que las Fuerzas Armadas y de seguridad, que se han mantenido leales a Maduro, le desobedezcan y rehúsen reprimir y disparar a sus compatriotas. Esto podría requerir una división en las FFAA, pues su cúpula está muy comprometida en negocios turbios con los que los alimenta Maduro. Pero hay señales de que parte de su oficialidad no está de acuerdo con someterse al actual régimen: hay ya una cantidad significativa de soldados y oficiales que han sido detenidos por deserción o insubordinación.

Creemos que la OEA debe declarar que el gobierno de Maduro es ilegal y lo es su convocatoria a una Asamblea Constituyente para el 30 de julio; que sus países miembros deben amenazar con ruptura de relaciones diplomáticas en caso de que Maduro siga con este plan; y que tanto la OEA como sus países miembros deben declarar que apoyarán a un gobierno de unidad nacional que llame cuanto antes a elecciones presidenciales en el marco de la Constitución venezolana. Y si la OEA como cuerpo fracasa nuevamente en llegar a una votación de este tipo -- lo que ha ocurrido varias veces gracias a gobiernos como el de Bolivia y Nicaragua que son aliados de Maduro--  entonces será tarea del resto de países latinoamericanos el tomar estas banderas. En especial de quienes han estado más activos en busca de una solución, como son México, Perú, Colombia y Argentina.

Con todo lo equivocado que está en casi todo el impresentable presidente estadounidense Donald Trump, esta vez se ha colocado en la trinchera  correcta. Le ha puesto un ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro, amenazándolo con “acciones económicas fuertes y rápidas” si sigue adelante con sus planes de crear una Asamblea Constituyente.

No desconocemos que la amenaza de Trump puede ser más efectiva que cualquier cosa que puedan hacer los países latinoamericanos. Las acciones previstas, según se ha filtrado a la prensa, incluyen el congelamiento de los activos financieros en EEUU del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, y del todopoderoso Diosdado Cabello, por estar involucrados en el narcotráfico. Ya en febrero EEUU sancionó al vicepresidente Tareck El Aissami calificándolo de cabecilla del narcotráfico. El golpe más duro que EE.UU. podría dar al gobierno de Maduro es congelar las compras de crudo venezolano. No creemos que un embargo económico, que agrave aún más las condiciones de vida de los venezolanos, sea una medida correcta. EEUU es el principal mercado del petróleo venezolano, y cerrar esa compuerta podría provocar la caída de Maduro, pero a un precio muy alto en sufrimiento de la población. Pero si EEUU junto a la OEA –o a un grupo representativo de países latinoamericanos - declara su apoyo al plan político de la oposición democrática, a un gobierno de unidad nacional que convoque a elecciones libres presidenciales, en el marco de la Constitución, estaríamos…. con Trump.

La Unión Europea, por voz de la jefa de su diplomacia, Federica Mogherini,  ha dado a entender que prefiere que Trump no se involucre y que  sea un grupo de países latinoamericanos los que intercedan y logren un diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición. Pero el diálogo mediado por políticos y sacerdotes europeos es un camino que ya ha sido intentado y que parece condenado al fracaso. A menos que sea para lograr que Maduro entregue pacíficamente el poder a un gobierno de unidad nacional, y se vaya ya.