La reforma propuesta del sistema impositivo de EE.UU. supondrá, en caso de ser aprobada, un cambio radical para la sociedad americana. Además, podría tener implicaciones importantes para sus principales socios comerciales, como México. En ambos casos, los efectos previstos son negativos.

Para los americanos, la ley da pasos radicales en una dirección que la mayoría de los expertos independientes considera indeseable. Plantea una reducción drástica de impuestos, la más importante desde la era Reagan, y una simplificación de los tramos impositivos. Sin embargo, las reducciones se centran sobre todo en las rentas altas y en las empresas, con poco o ningún efecto neto sobre las clases medias y bajas. Es más: dependiendo de la versión que salga de las negociaciones actualmente en marcha entre las dos Cámaras del Congreso, la clase media podría ver aumentar sus impuestos al cabo de unos años. Los conservadores argumentan que el efecto “trickle down” hará que todos se beneficien eventualmente del recorte para los ricos, por la aceleración del crecimiento y la creación de empleo. Este argumento es en general descartado por los economistas, porque los ricos no suelen gastar la mayoría de sus ingresos, y porque la economía está ya cerca del pleno empleo, con el consiguiente riesgo de inflación y generación de burbujas en los mercados de activos si se acelera el crecimiento aún más.

En México, el impuesto de sociedades está actualmente en el 30%, pero el tipo efectivo medio es el 20,3% y el marginal el 11,9%. La nueva ventaja impositiva para EE.UU., sin embargo, tendría que contrapesarse con los bajos costes laborales mexicanos y la tasa reducida sobre la operación de las maquiladoras en México. Están en juego unos US$10,39 millones en IED americano en México, de los cuales los expertos estiman que la tercera parte son reinversión de beneficios, que podrían perderse con la nueva ley.

La ley tiene otras consecuencias negativas para la economía americana. El déficit fiscal aumentará en unos US$1,5 billones (trillones americanos) durante la próxima década, dependiendo de la versión de la ley que se apruebe y del crecimiento real de la economía. Aunque los tipos de interés americanos son bajos y permitirían financiar esta deuda adicional, la tasa de endeudamiento como porcentaje del PIB es ya la más elevada de la historia de EE.UU. en tiempo de paz. Casi todos los economistas coinciden en la necesidad de reducir deuda durante etapas cíclicas de recuperación como la actual. Si en lugar de reducirla se continua aumentando para financiar una rebaja de impuestos que favorece fundamentalmente a los ricos, estaríamos ante una situación grave. Además, la ley pondrá en marcha recortes al “Obamacare” que hará más caro o simplemente inaccesible el seguro médico para millones de americanos, socavando aún más este sistema de protección social. En definitiva se aumentará la desigualdad en una sociedad donde ya se han alcanzado niveles problemáticos que han alimentado el populismo.

Estos son problemas americanos. Pero como EE.UU. es el gigante que es, una desestabilización de su entorno político por la desigualdad acaba afectando a todos. Estos efectos se han hecho notar desde la elección del presidente Donald Trump el año pasado. Es de esperar que vayan en aumento, con consecuencias para el mundo y para América Latina en particular que pueden ser graves: desestabilización de alianzas, interrupción del comercio, boicot de instituciones multilaterales como la OMC y las Naciones Unidas, renegociación de acuerdos como la NAFTA y muchos más.

Por otra parte, la reforma plantea una reducción del impuesto de sociedades desde el 35% actual hasta el 20% prometido inicialmente por los Republicanos, o hasta el 22% según la cifra que se maneja ahora en las negociaciones en el Congreso. El impuesto corporativo americano es el más alto entre los países desarrollados y uno de los más elevados del mundo, sobre todo en algunos estados como California, donde sube hasta casi el 40% por la imposición de un gravamen adicional estatal. La cifra, sin embargo, puede ser engañosa, porque las múltiples deducciones permitidas hacen que las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, paguen al final una tasa real mucho menor. La Oficina de Presupuestos del Congreso calcula que la tasa efectiva que pagan las empresas americanas como promedio se sitúa actualmente alrededor del 30% y sólo un 18,6% en términos marginales.

La reducción del impuesto de sociedades en EE.UU. aumentará la probabilidad de que las empresas localicen sus sedes corporativas en EE.UU. en lugar de México u otros países donde operan, dependiendo de las diferencias entre sus sistemas impositivos. En México, el impuesto de sociedades está actualmente en el 30%, pero el tipo efectivo medio es el 20,3% y el marginal el 11,9%. La nueva ventaja impositiva para EE.UU., sin embargo, tendría que contrapesarse con los bajos costes laborales mexicanos y la tasa reducida sobre la operación de las maquiladoras en México. Están en juego unos US$10,39 millones en IED americano en México, de los cuales los expertos estiman que la tercera parte son reinversión de beneficios, que podrían perderse con la nueva ley.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los tenedores extranjeros de acciones americanas, que suponen alrededor de un 35% del valor total, verán aumentados sus beneficios como consecuencia de esta ley, y esto a su vez haría mas atractivas las inversiones en EE.UU.

El Congreso propone también un impuesto obligatorio de repatriación de capitales, en un rango del 8,5%-14% según la versión del borrador de la ley, para obligar a las empresas americanas a retener capital e inversiones en Estados Unidos. Este cambio haría que las multinacionales americanas que operan en México pudieran optar por pagar más dividendos en EE.UU. en vez de invertir sus beneficios en México. Actualmente se calcula que las multinacionales americanas mantienen tres billones de dólares en el extranjero.

Frente a estos cambios, podría producirse una reacción mejicana y posiblemente una rebaja de impuestos corporativos en México. Desgraciadamente, esta reacción defensiva privaría a ambos países de ingresos fiscales.

Queda por ver si el Congreso de EE.UU. finalmente aprueba esta ley a pesar de la creciente oposición doméstica. Trump ya alcanza unas de las cuotas de popularidad más bajas de la historia de EE.UU. a sólo un año de las próximas elecciones legislativas nacionales. Precisamente por esto necesita una victoria legislativa, y él con su partido están haciendo todo lo posible para hacer ley su reforma antes de final del año.  Dentro y fuera de EE.UU., la mayoría de los economistas se cruzan los dedos para que no consiga su objetivo.