Tegucigalpa. Las empresas que operan el servicio colectivo Transurbano fueron denunciadas en el 2015 por varios reparos que juntos suman 1.744 millones de Quetzal (US$234 millones). Este caso se encuentra bajo reserva en el Ministerio Público (MP), había comunicado hace unos días la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Ante esa denuncia, diputados dieron un plazo de 20 días a la Contraloría y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que evalúen si procede la intervención del servicio por los malos manejos que han sido reportados.

César Elías, subcontralor de Calidad del Gasto Público de la CGC, dijo que se trataban de dos denuncias: una por un valor de Q270 millones (US$36.3 millones) que se relaciona con el sistema prepago y otra por Q1.474 millones (US$198 millones) acerca del subsidio al transporte urbano.

Agregó que los auditores encontraron varias irregularidades durante el 2015, las cuales fueron denunciadas a la Fiscalía.

“La corrupción ocurrió en el uso de los subsidios para la compra de buses, cuando se anunció que iban a adquirir más de tres mil, pero solo compraron 400 y equipamiento para estos, que está desperdiciado”. Amílcar Pop.

“Posteriormente, en el proceso de la persecución penal solicitaron a la Contraloría auditar de forma específica algunos rubros. Se realizaron y se presentaron los resultados al MP”, afirmó Elías.

El subcontralor afirmó que la Fiscalía continúa con la investigación y que “no puede revelar con más precisión los hallazgos, porque el caso se encuentra bajo reserva —judicial—”.

Esa información fue revelada en una cita que la bancada Winaq sostuvo con representantes de la CGC, la PGN y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por el incumplimiento en el pago de las cuotas patronales de los trabajadores del Transurbano.

El diputado Amílcar Pop dijo que eso “va claramente contra los intereses del país”, porque se ve “que el sistema de transporte urbano ha colapsado”.

“Se evidenció la mala ejecución de más de Q1.700 millones (US$228 millones) en subsidios que afectan todo el sistema del transporte urbano de la ciudad”, señaló el parlamentario.

El legislador indicó que las auditorías de la Contraloría lograron revelar que “la corrupción ocurrió en el uso de los subsidios para la compra de buses, cuando se anunció que iban a adquirir más de tres mil, pero solo compraron 400 y equipamiento para estos, que está desperdiciado”.

Por esta razón, el diputado pidió a la CGC que en 20 días haga un análisis “para la ruta de la intervención inmediata de la empresa”.  “A la PGN se le pidió que trace el trámite de la intervención inmediata”, agregó.