-¿Se puede afirmar que, con el compromiso de restarse de la contingencia política, una vez recuperada la democracia, las nuevas autoridades terminaron confiriéndole a las FFAA manga ancha en términos presupuestarios? ¿Es causa y efecto de los casos de corrupción observados recientemente en el Ejército y en Carabineros de Chile?

-Mi impresión es que esta idea de los "resabios de la dictadura" no es aleatoria. Constituye parte de lo que se conoce como "los pactos de gobernabilidad". En esta materia hay todavía mucho paño que cortar, mitos que derrumbar. Durante muchos años se hizo uso y abuso, por parte de la llamada "clase política", de la amenaza de posibles golpes o reflujos: no debía provocarse a los militares; el proceso de consolidación democrática era supuestamente frágil y estaba en la mira de los fusiles. Visto con cierta perspectiva, aquella que da el tiempo, podemos estar seguros que este miedo era inducido, fabricado; que se trataba de un cinturón de castidad para frenar o revertir cualquier modificación de fondo de un modelo de sociedad autoritaria y de concentración de la riqueza. ¿En qué momento y de qué modo se pactaron dichas fronteras entre lo que se podía y no se podía hacer? Se convenció ampliamente a la ciudadanía que todo estaba estipulado en leyes que contenían cláusulas de confidencialidad (los pactos secretos), concesiones obligadas que la Concertación debía respetar para garantizar que los militares no volvieran a salir de los cuarteles. Esas eran, supuestamente, las "leyes secretas". Pero tales leyes, que son un conjunto de 110 decretos, no tienen nada que ver con esos pactos. 98 de ellas están destinadas a "legalizar" transacciones económicas absolutamente ilegítimas (pago de comisiones, coimas, abultamiento de los saldos de las cuentas corrientes de los comandantes en jefe, etcétera).

También estaban las transformaciones de última hora a la Constitución del 80, haciéndola aún más rígida y antidemocrática. Sin embargo, con el paso del tiempo, los puntos más oscuros de dichos artículos de última hora han ido siendo derogados o eliminados, sin que haya habido movimientos de tropas. Entonces, ¿dónde están los pactos? Salta a la vista, después de tres décadas, que el verdadero pacto de silencio o de gobernabilidad se dio entre la Concertación y los grandes grupos económicos que concentraron la riqueza mediante las privatizaciones y que diseñaron e impulsaron el modelo económico que habría sido imposible de implementar sin la dictadura. Habrá que preguntarle a los "negociadores", pues claramente se trató de acuerdos verbales, con apretones de mano incluidos, acuerdos pesados y secretos, tanto con el empresariado como con los militares, que tuvieron que ver con todo aquello que luego se tuvo que abordar "en la medida de lo posible", o con lo que se constituyera en garantías de defensa estatal a los intereses corporativos que usaron a los golpistas, con quienes se coludieron sus cómplices civiles. Y tal compromiso se mantuvo y se mantiene. Es más, ha dejado de ser (desde el comienzo de la transición) una "rendición" parcial, para convertirse en políticas de Estado, de modo voluntario, convencido e incuestionable. No son pocos los negociadores de la Concertación que luego han hecho de sus habilidades, muñeca, relaciones políticas y juego de cintura, las herramientas para convertirse en exitosos empresarios y lobistas.

Precisamente por la autonomía de la que gozan las Fuerzas Armadas, los actos de corrupción resultan y resultarán recurrentes. Lo que hemos visto en los últimos tiempos (y hay que recordar que si bien son conocidos ahora, su práctica se arrastraba desde hacía tiempo), es a mi juicio la desprolijidad de individuos concertados en bandas internas en sus instituciones, que ven la oportunidad y, a la vez, han sido testigos de robos y desfalcos de similares características, pero llevados a cabo de modo institucional o por oficiales de más alta graduación. A final de cuentas, ¿qué diferencia hay entre lo recientemente sabido y que los comandantes en jefe -hablemos de Pinochet, por ejemplo- utilicen su cargo e influencias para ejecutar compras multimillonarias de equipamiento bélico a cambio de comisiones y coimas que luego depositan en cuentas extranjeras y en paraísos fiscales?

Es por esto que creo que los casos conocidos como Milicogate y Pacogate están enlazados con estructuras autonómica. Si no hay posibilidad alguna por parte del Estado para fiscalizar las cuentas internas de las instituciones, en especial aquellas "secretas" destinadas a la adquisición de material de uso militar; si las cuentas reservadas no son sujeto de fiscalización, ¿no se fomenta este tipo de actos? Si un comandante en jefe incrementa de modo injustificado su patrimonio personal o familiar, ¿por qué no habrá de hacerlo un oficial de menor graduación que tiene acceso a flujos enormes de dineros no fiscalizables por entidades extra-militares?

-¿Cuál es la tesis fundamental de tu libro "La Cofradía Blindada"?

-La tesis es que existen dos Chile: el civil y el militar. El Chile civil subsidia enteramente al Chile militar. Para sostener una idea como esta debe constatarse la estructura que confirme la existencia de un Chile militar autónomo. Para ello necesitamos al menos tres pilares de sostén de dicha construcción. El análisis que hago nos entrega datos acerca de tres estructuras autonómicas: la definición de las políticas de Defensa Nacional (que por más que el Ejecutivo delineé sus aspectos gruesos, en la práctica tanto su implementación como alcance es atribución irregular de las Fuerzas Armadas); la conformación de un ethos o sentido de nacionalidad independiente de los militares (formación académica, valores, ritos de paso, segregación total respecto del Chile Civil); y la autonomía territorial (aquellos bienes nacionales que el Estado destina a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus funciones de defensa, pero que luego son traspasados a mecanismos de enajenación propios, cual una inmobiliaria castrense) y la autonomía financiera.

Cada una de estas estructuras, que sustentan la autonomía militar, son de larga data, estructurales y permanentes en el diseño de la Nación. Están, además, imbricadas entre sí, pues la eliminación de uno de estos pilares supondría el colapso del constructo completo. Así, esta "manga ancha" en términos presupuestarios me parece que no es consecuencia de negociaciones secretas o reservadas en el proceso de recuperación democrática, sino que responde a una continuidad histórica.

A modo de ejemplo, solemos considerar que dos de estos aspectos (la Ley Reservada del Cobre y la enajenación de bienes inmuebles estatales para abultar las cuentas reservadas de las comandancias en jefe mediante el mecanismo de definición del Patrimonio de Afectación Fiscal, PAF) son resabios de la dictadura. Sin embargo, olvidamos que la Ley Reservada del Cobre fue promulgada en 1958 por Carlos Ibáñez del Campo; que el procedimiento PAF fue promulgado por Salvador Allende en 1971 (aunque con carácter transitorio).

La última palabra

-¿Hay tradiciones, aspectos de la personalidad o actitudes cotidianas del chileno que reflejen ese "gran regimiento" que es el país? ¿Son expresiones de aquello el clasismo, el individualismo, la homofobia y la xenofobia?

-La "encuesta de opinión" es de suma importancia en nuestro país, es casi como si se tratara de nuestro "espacio de participación cívica". La parada militar, por ejemplo, es superada en rating televisivo sólo por los partidos de La Roja, la Teletón y el Festival de Viña. ¿Qué nos dice eso? Del mismo modo, la historia de Chile, según la entiende la mayoría de los ciudadanos, ha sido escrita por los militares, son ellos los próceres fundacionales. Y a pesar de los escándalos de corrupción, de los casos de abusos policiales, de lo que vamos sabiendo respecto de las violaciones a los Derechos Humanos como una política de Estado, a pesar que cada vez que uno ve una sombra verde a la distancia en la carretera pisamos el freno y nos sudan las manos, en las encuestas de aprobación a las instituciones, a aquellas que “dan confianza”, siempre van encabezándolas los militares, los carabineros y la (también marcada por el escándalo) iglesia católica.

Las discrepancias naturales (pro­fundas y desgarradoras en ocasiones) del conflicto entre los intereses de los distintos sectores de nuestra sociedad, ha conducido a que un segmento importante de la "civilidad" considere a las Fuerzas Armadas como "la última pala­bra", el Gran Juez. De este modo, el Chile civil se convierte en un país obe­diente; un país que, o voltea a ver hacia los generales como la salida de emergencia, o hacia quien detente grados de poder incontrastable; un país incapaz de hacer de sus diferencias la materia prima de nuevos argu­mentos e instrumentos que alimenten a una sociedad civil viva y participativa. Así, el Chile civil arriesga transformarse en una sociedad militari­zada y verticalista, incapaz de pensar, que reacciona sólo ante la voz de mando.

Es cosa de echar una mirada, con sinceridad, a lo que somos (en lo que nos quieren convertir): el mundo militar es homogéneo; responde a una estructura de mando ver­tical, y las opiniones diversas que surgen en su seno son evaluadas como atentatorias a su integridad. En él, las discrepancias se eliminan sin mira­mientos, y la definición del curso de la historia es tarea de un puñado de individuos, cuando no de uno solo. El mundo civil (debería serlo) es heterogéneo; su organización responde a la de una sociedad de tipo horizontal, con espacio para el debate y la discrepancia.

Y regresemos por un momento al concepto de la autonomía castrense. Aunque es verdad que ésta se ha visto disminuida en apariencia durante los últimos 20 años (que es lo que llamo "de la insubordinación abierta a la autonomía pactada"), la autonomía de fondo, la estructural, jamás ha sufrido, hasta la fecha, mella alguna en sus pilares fundamentales. Y, más grave aún, esta autonomía ha sido y es funcional para la mantención y defensa de los intereses corporativos que dominan a Chile, en desmedro del bien común. Es decir, Fuerzas Armadas autónomas, autoformadas y estancas, en las que predomina de modo determinante una mirada de mundo sesgada, retrógrada, ultraconservadora, son la mejor herramienta que tienen los intereses corporativos para poner atajo, cuándo y cómo quieran, a cualquier proceso social en que prime como meta el interés común de todos los ciudadanos.

La renuncia permanente del poder civil a exigir y obligar la subordina­ción de los militares en aquellos aspectos esenciales (y no los meramente de forma), ha forjado una presencia castrense incompatible con los principios básicos y elementales de una sociedad que se pretende no autoritaria. Los costos de esta renuncia han sido enormes.

-Así como sucede al firmar acuerdos comerciales o con la afiliación a entidades multilaterales, ocasión en la cual los países se obligan a adoptar ciertos estándares, ¿no existen instancias internacionales a través de las cuales exigirles obediencia efectiva o mayores grados de transparencia a las instituciones de la defensa? ¿No han condenado esta escandalosa situación entidades como Transparencia, Amnistía o HRW?

-Chile ha signado diversos acuerdos multilaterales; el eje de éstos radica en la definición de los nuevos riesgos a los que se ven expuestos de modo común los países del hemisferio (ya no el comunismo internacional): el terrorismo, el narcotráfico, el ciberterrorismo, las catástrofes naturales, etcétera.

Chile es miembro y participa en sistemas internacionales que adscriben al mantenimiento de la paz mundial (ONU, UNASUR, OEA). Ha suscrito 73 acuerdos de entendimiento en materias de defensa, muchos de ellos con Argentina, Perú y Bolivia (con quienes comparte fronteras), que dicen relación con conceptos tales como "la construcción de confianza y el desarrollo de iniciativas de cooperación" e "integración regional". Pero, ¿cuán serio es este compromiso? Leemos en la revista Ensayos Militares del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, julio de 2016, que "uno de los supuestos ideológicos más socorridos y al que los gobiernos de la región acuden regularmente [es] la identidad latinoamericana (…) No existe un pasado común más allá del dominio hispano sobre culturas locales completamente divergentes entre sí".

-¿Están relacionadas la solapada autonomía e histórica insubordinación de las FFAA expuestas en su libro con la imagen de "mal vecino" que tiene Chile?

-Las transformaciones en la percepción que los habitantes promedio de los países limítrofes tienen del "chileno medio" tendrán que ser analizadas en algún momento por los sicólogos de masas. Es notable cómo se ha producido una mutación desde el "chileno provinciano, amable y acogedor", al "chileno prepotente y chauvinista". He leído innumerables descripciones de esta naturaleza en reportajes y noticias publicadas en medios de Argentina, Perú y Bolivia. Chile ha desarrollado un "músculo” en su identidad que va de la mano con la "agresividad del empresario chileno" que se instala fuera de las fronteras. Y este músculo tiene relación (como si se tratara de un anabólico) con su capacidad o imagen belicosa. Chile, el que ocupa hoy el tercer lugar en la región respecto del porcentaje de su Producto Interno Bruto destinado a Defensa, aumenta notablemente su lugar en la tabla de posiciones si se considera cuánto de ese gasto se hace respecto de cada habitante (gasto per cápita), llegando, al considerar esta forma de medición, al primer lugar en 2016, con US$289 por cada chileno y chilena.

Los fondos con que se cubren estos gastos provienen de dos fuentes reconocidas públicamente: la Ley de Presupuesto de la Nación (fondos fiscales) y las Leyes Reservadas del Cobre (que aunque perdió su carácter "reservado" en diciembre de 2016, no ha sufrido modificaciones). Ambas fuentes están predeterminadas en sus montos. Pero la mera existencia de partidas secretas en las fuentes de financiamiento de las Fuerzas Armadas, el sólo secreto en sus cantidades y destinos, son elementos que no hacen sino aumentar el grado de sospecha de nuestros vecinos respecto del "talante del chileno".

-¿Es un problema común para los países de América Latina la independencia de facto de su milicia y policía, así como los episodios de corrupción ligadas a ellas?

-En todos lados existe tensión entre las Fuerzas Armadas y los gobiernos civiles. Ésta es consecuencia de la propia estructura interna de instituciones armadas que están constituidas por personal que "manda y obedece" y que cuentan legalmente con el monopolio en el uso de las armas. Nada que hacer ahí, a menos que se siga la senda de Suiza o de Costa Rica (en este último caso, el 8% del PIB se destina a Educación, al no tener gastos asociados a Defensa).

La corrupción que pueda incubarse en esta autonomía es materia de sentido común. Sin embargo, y sin que los niveles de corrupción alcancen en Chile la envergadura o estatus de "práctica general" como sí ocurre en otros países, veremos que, por ejemplo en México, los ascensos al grado de general, así como los nombramientos de jefes de zona y miembros del Estado Mayor, al igual que los planes nacionales o regionales de desarrollo militar, deben tener la aprobación del Poder Ejecutivo.

O cómo en Argentina el golpe al prestigio de las Fuerzas Armadas que significó el proceso legal, impulsado desde el Estado, contra los responsables de las violaciones a los DDHH (juzgándose y condenándose a los más altos oficiales de dichas Fuerzas Armadas), así como la definición de políticas de defensa nacional de los sucesivos gobiernos post-dictadura que señalan la certeza de la inexistencia de potenciales riesgos a la integridad territorial o a la estabilidad democrática, la autonomía castrense se ha reducido a niveles al menos "tolerables".

La Doctrina de la Seguridad Nacional, la formación ideológica de los oficiales en la Escuela de Las Américas, potenciaron durante la Guerra Fría la autonomía de las Fuerzas Armadas de toda la región. Los golpes de Estado tuvieron ese origen: se constituyeron en muros de contención, diques, para frenar o detener el avance de la influencia de la izquierda. El retiro de las Fuerzas Armadas de la conducción política en América Latina no se debió a la derrota de éstas, sino a las nuevas necesidades de los intereses corporativos. Las mesas directivas deben estar constituidas por aquellos ejecutivos más idóneos en el cargo, dependiendo del momento político que se viva. Hoy, los portadores de charreteras no se necesitan en esos puestos. Hay quienes defienden acérrimamente, vestidos de civil, los intereses que en su momento justificaron a las dictaduras.