Ciudad Juárez, México. Apenas habían pasado unos días desde que Magdalena Rubio anunció sus intenciones de ser candidata a la alcaldía del pequeño y montañoso municipio mexicano de Guachochi, cuando comenzó a recibir amenazas telefónicas donde le decían que si no renunciaba la iban a matar.

Rubio, una activista que por siete años ha defendido los derechos de los pueblos originarios, dijo que, pese a los problemas de violencia en el estado de Chihuahua, decidió lanzarse como candidata para ayudar a los indígenas tarahumaras a salir de la marginación que le ha costado la vida a muchos.

“Siempre era una voz de hombre con palabras altisonantes”, recordó Rubio, una abogada de 42 años, sobre las llamadas amenazantes, rodeada de su familia en Ciudad Juárez, a pocos metros de la frontera con Estados Unidos.

“Mis cuatro hijos, mi esposo y yo sabemos los riesgos que esto implica”, agregó quien hace poco debutó en política como candidata independiente en el “triángulo dorado”, una zona marcada por el crimen y el narcotráfico que comprende una parte de Chihuahua. “Pero no puedo renunciar, estoy aquí porque quiero un cambio en mi país”.

Su historia no es la única y hay casos más trágicos en medio de un aumento generalizado de la violencia proveniente del crimen organizado, su poder corruptor y la debilidad de las instituciones que los combaten.

Quienes, como Rubio, se niegan a desistir de sus candidaturas, se han visto obligados a viajar en camionetas blindadas que algunas veces son proporcionadas por el Estado, protegidos por militares o policías en las ciudades más violentas de país, controladas en su mayoría por narcotraficantes u otros grupos de la delincuencia organizada.

Al menos 20 mexicanos que buscaban uno de los 3.326 cargos públicos -la mayoría de ellos municipales- para los comicios del 1 de julio fueron asesinados por criminales en los últimos siete meses, según cifras de Etellekt, una consultora local especializada en seguridad.

Incluyendo a políticos que no competían en la carrera electoral, fueron ultimados 78 dirigentes desde septiembre. Eso es casi cuatro veces más que en las últimas elecciones, las intermedias de 2015 para renovar diputados federales y locales, y cuando fueron asesinados 21 políticos, según Etellekt.

“Este proceso electoral es el más violento desde que se tenga un registro”, dijo a Reuters Rubén Salazar, director de Etellekt quien apuntó que el 68 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados.

Los criminales de las atomizadas organizaciones que operan en el país buscan controlar a las autoridades de los municipios, en donde les es más fácil penetrar, para tener de su lado a la policía local y garantizar sus operaciones delictivas.

En muchos casos amedrentan a candidatos para que se sumen a su nómina. En otros casos trabajan junto a políticos a nivel local para neutralizar a los rivales que pueden estar colaborando con otra organización criminal o que son una amenaza para la victoria de sus propios postulantes.

“Los amenazan (al resto de candidatos) y automáticamente se queda el candidato que ellos tienen. Ellos no tienen competencia por eso”, dijo un miembro de un grupo delictivo en Jalisco.

“Lo que hacen ellos es entablar una conversación directamente con el candidato para que nos protejan en cualquier situación o tener tienditas y poder vender (droga)”, agregó. “Nos avisan cuando el Gobierno llevará a cabo operativos”.

“Violencia inaceptable”. A fines del 2006, poco después de asumir la presidencia, el exmandatario Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los cárteles que llevó a capos tras las rejas pero dividió a las organizaciones en facciones que se trabaron en una lucha por el territorio, lo que desató una violencia inédita en el país.

Desde entonces más de 160.000 personas han muerto en eventos relacionados con el crimen organizado y, con casi 30.000 homicidios, el país cerró el 2017 como el año más violento desde que se tienen registros.

Al asumir su mandato en 2012, el presidente Enrique Peña Nieto prometió acabar con la violencia ligada al narcotráfico pero no ha tenido éxito y la inseguridad se ha convertido en una de las mayores inquietudes de los mexicanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo estar “preocupado” por los asesinatos de políticos y aseguró que puede afectar la participación electoral en los comicios que serán los más grandes en la historia del país. Por ello, la semana pasada presentó, junto con la Secretaría de Gobernación, un protocolo de seguridad para los candidatos a las elecciones de julio.

La medida implica una protección adicional de la policía federal para traslados y actos públicos de quienes lo soliciten.

“Un proceso electoral requiere de paz pública, no solamente para que las autoridades electorales tengamos condiciones para operar y cumplir con nuestro mandato de organización de los comicios”, dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Requiere de paz pública, para que las y los ciudadanos, que son los verdaderos autores de los procesos electorales, tengan esas condiciones para ejercer un voto libre y secreto”, agregó.

En los comicios presidenciales de 2012 y en las legislativas de 2009 los asesinatos no rebasaron la decena en cada votación.

El Gobierno no ha dado estadísticas sobre los asesinatos para los presentes comicios, pero a mediados de marzo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo que, hasta ese momento, se habían producido 30 homicidios ligados a posibles candidatos en 2018.

Aquella vez, Navarrete aseguró que los crímenes le “alarmaban”, pero que estaban “muy focalizados” en algunas regiones del país. Y la preocupación ha traspasado fronteras.

“Va, en promedio, un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días, eso es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral. Nos preocupa sobremanera”, dijo recientemente Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), sin aclarar en qué cifras se basaba.

Morir o declinar. Quienes, como Rubio, se niegan a desistir de sus candidaturas, se han visto obligados a viajar en camionetas blindadas que algunas veces son proporcionadas por el Estado, protegidos por militares o policías en las ciudades más violentas de país, controladas en su mayoría por narcotraficantes u otros grupos de la delincuencia organizada.

Pero para la mayoría, la mejor manera de sobrevivir es no denunciar las amenazas o ceder su lugar, especialmente cuando saben que su partido político está coludido con organizaciones criminales u otros grupos que buscan mantener su control, dijo a Reuters un candidato del violento estado de Guerrero.

Según las cifras de Etellekt, que coinciden con lo que dijo el secretario Navarrete, la mayoría de los crímenes ocurrieron en Guerrero, donde criminales pelean por controlar las rutas para el tráfico de droga hacia Estados Unidos.

En la última semana, en el estado de Michoacán, un hombre y una mujer que eran candidatos fueron asesinados. Y el fin de semana, un alcalde fue ejecutado en el estado de Jalisco.

A estos hechos se le suman decenas de agresiones físicas y el secuestro de al menos tres políticos que aspiraban a cargos públicos.

Si bien los ataques se han registrado en 29 de los 32 estados del país, los que -además de Guerrero- concentran la violencia son Puebla, Veracruz e Hidalgo, donde operan las mafias que roban combustible y asaltan a camiones de carga.

La mayoría de las agresiones se dieron en contra de miembros del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que llevó las riendas del país ininterrumpidamente entre 1929 y 2000 y que se ha visto salpicado por escándalos de corrupción que han minado su respaldo popular aunque aún mantiene la mayoría de cargos públicos.

“No podemos negar que varios grupos delictivos están metidos en los partidos políticos, incluso en el mismo PRI al que pertenezco”, dijo un candidato del estado Guerrero, que prefirió omitir su nombre. “Los que seguimos aquí queremos que las cosas cambien pero otros han desistido por temor a que los maten”.

El Gobierno mexicano implementó mecanismos de seguridad para proteger a los candidatos, pero muchos dudan de la seguridad del Estado luego de que, en años recientes, varios policías cayeron por pertenecer a bandas delictivas.

“Tengo dos policías para mi seguridad las 24 horas pero no confío en ellos, es como si el coyote estuviera cuidando a la gallina”, explicó Rubio, la candidata que recibió cuatro amenazas de muerte vía telefónica y que al ser una postulante independiente resulta más difícil de doblegar.

“He pedido que los cambien pero hasta ahora nada”, sostuvo, recordando que le robaron cosas de su auto cuando ya contaba con la custodia de la policía municipal.