Bogotá. Los próximos tres gobiernos de Colombia deberán cumplir los puntos esenciales del acuerdo de paz que firmaron el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC para acabar con el violento conflicto interno de más de medio siglo, determinó este miércoles un fallo de la Corte Constitucional.

El alto tribunal declaró ajustado a la Constitución una reforma que aprobó el Congreso para blindar jurídicamente el acuerdo de paz que se firmó a finales del 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el propósito poner fin a una confrontación que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.

“La determinación del alto tribunal Constitucional es además un mensaje de tranquilidad para los excombatientes de las FARC, sobre la solidez jurídica de las leyes de implementación que se derivan del acuerdo final”, dijo un comunicado del alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera.

El fallo de la Corte Constitucional, que impide cambios al acuerdo durante los próximos 12 años, frena las intenciones del derechista Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, para acabar o modificar el acuerdo de paz que se firmó después de cuatro años de negociaciones en Cuba.

“Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”, establece la reforma Constitucional avalada por la corte y que regirá “hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma”.

La corte dijo que las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo, su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios.

El Gobierno celebró el fallo y dijo que es una invitación a las autoridades y a todas las instituciones a ejecutar las leyes de implementación, y constituye una garantía jurídica para lograr la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

“La determinación del alto tribunal Constitucional es además un mensaje de tranquilidad para los excombatientes de las FARC, sobre la solidez jurídica de las leyes de implementación que se derivan del acuerdo final”, dijo un comunicado del alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera.

El acuerdo de paz incluyó que más de 7.000 combatientes dejaran las armas para formar un partido político, además de complejos temas como acceso a la tierra para campesinos pobres, lucha contra el narcotráfico, justicia transicional, compensación a víctimas y desminado.